CREDITO: Cristina Sánchez Reyes y Carlos Herrera Lizalde / El Economista
La falta de transparencia de las finanzas de los equipos, el desconocimiento de los reglamentos y la intervención de los gobiernos municipales o estatales sin reportar su participación hace del futbol mexicano un ejemplo fallido de gestión empresarial. Sin excepción alguna, los 18 equipos de la Primera División se han visto envueltos en alguna polémica.
Las cifras detallan algunas de las lagunas del balompié nacional. En un recuento realizado por El Economista, 12.3% de los equipos profesionales en México (Primera, Ascenso, Segunda y Tercera) pertenecen a gobiernos municipales o estatales; las propuestas de los clubes para crear dobles contratos y no reportar a la Secretaría de Hacienda hacen que al menos 3.3% de los jugadores de Primera División tengan problemas fiscales; la falta de conocimiento del “Cuaderno de Cargos” para ser dueño de una franquicia, provoca que el balompié mexicano navegue con modelos que son fallidos a nivel de management.
Víctor Alvarado, director de la agencia Sport Branding Invicto, aseguró en entrevista: “El manejo de una imagen coherente, fuerte, intachable es algo que a los aficionados les gusta ver en su equipo y por lo tanto, problemas legales de cualquier tipo golpean el ánimo del aficionado de alguna forma por esta conexión emocional existente”.
La utopía del Fair Play financiero
La Unión Europea de Futbol dio el primer paso para que los clubes den a conocer sus resultados financieros. Le llaman Fair Play financiero. Y en México las medidas están lejos de concretarse.
Contrario a ello, la evasión fiscal que existe en el futbol profesional de nuestro país es provocada por las altas sumas de dinero, y de acuerdo con especialistas, son los clubes los que tienen el porcentaje más alto de culpabilidad, aunque los jugadores y la autoridad hacendaria no quedan exentos.
El especialista en asuntos fiscales Vicente Velázquez, asegura que todos los protagonistas del problema tienen un porcentaje de culpabilidad.
“El futbolista acepta lo que la empresa le dice porque le ofrecen grandes pagos, buenas remuneraciones”, comenta Velázquez. “Pero antes tenemos que saber cómo debe pagar sus impuestos”.
Víctor Alvarado advierte que “en otras latitudes, la aparición de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) con especificaciones claras al respecto ha tratado de darle solución a posibles problemas tributarios, incluso la UEFA ha introducido reglas de transparencia para las finanzas de los clubes buscando que la operación de los mismos sea intachable”.
Un dato como ejemplo, tan sólo en el último año los equipos Cruz Azul, Puebla, Indios y Atlas se han visto envueltos en polémicas tributarias. Algunos como los Rojinegros se han puesto ya al corriente.
Los gobiernos ¿apoyo o negocio?
El dato es preciso, 12.3%, aproximadamente 40 de los equipos tienen intervención directa de los gobiernos municipales o estatales, desde la posesión de 100% de la franquicia hasta el pago a jugadores. El problema es que ni los equipos y mucho menos los gobiernos lo hacen público.
Para el senador Javier Orozco, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, puede derivar en un beneficio si son bienes destinados los recursos como la construcción de estadios pero no para el manejo directo del equipo.
“Está ya comprobado en México que empresa que maneja el Estado, se convierte en una empresa que tiene pérdidas, entonces muchas veces esto significa echar el dinero a la basura”, dijo Orozco.
Un equipo de Segunda División puede costar unos 2 millones de pesos, mientras que en la Liga de Ascenso puede costar hasta 1.5 millones de dólares, y en la Primera División, la franquicia más barata cuesta unos 12 millones de dólares.
CREDITO: Cristina Sánchez Reyes y Carlos Herrera Lizalde / El Economista